Sujeto reincidente es condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual en Taltal mientras estaba en libertad condicional

 Sujeto reincidente es condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual en Taltal mientras estaba en libertad condicional

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta dictó una sentencia de 10 años y 1 día de prisión efectiva contra un hombre de 63 años por el delito de abuso sexual impropio reiterado en perjuicio de un menor de edad. Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2020 en dos viviendas de la comuna de Taltal, según detalló el fallo judicial.

La condena se basó en la denuncia de la víctima, reforzada por testimonios de familiares y los antecedentes recopilados durante la investigación realizada por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI). El fiscal a cargo del caso, Ricardo Castro Lillo, destacó la gravedad del caso al tratarse de un individuo reincidente en este tipo de delitos.

Antecedentes del condenado
El imputado ya había sido condenado en 2013 a una pena similar por hechos de la misma naturaleza ocurridos entre 2011 y 2012 en la ciudad de Antofagasta. Según el fiscal Castro, los nuevos abusos fueron cometidos mientras el condenado gozaba de beneficios carcelarios.

“Se trata de un imputado reincidente. De hecho, los nuevos delitos fueron cometidos aprovechando que se encontraba en libertad, tras haber recibido el beneficio de salida dominical y luego la libertad condicional por la anterior condena”, explicó Castro.

Medidas adicionales
Además de la pena de cárcel, el tribunal determinó que el condenado quedará inhabilitado de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, así como profesiones que impliquen contacto habitual con menores. También deberá someterse a vigilancia por un período de 10 años tras cumplir su condena principal.

Por otro lado, la defensa del sentenciado tiene la posibilidad de recurrir la sentencia, según lo estipulado por el tribunal.

Este caso subraya la importancia de las denuncias y la acción conjunta entre las autoridades investigativas y el sistema judicial para enfrentar y sancionar delitos que atentan contra la integridad de los menores de edad.

Imagen de contexto: Agencia Uno.