Diputado Araya pide cerrar acuerdo con Bolivia para reconducción de migrantes: hay 20 mil expulsiones no ejecutadas
A propósito de los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que hay 20 mil expulsiones de migrantes que no han sido ejecutadas, el diputado por la región de Antofagasta, Jaime Araya (IND-PPD), volvió a insistir sobre la importancia de cerrar un acuerdo con Bolivia para llevar a cabo las reconducciones.
“Lo que hemos dicho y propuesto, es que es fundamental cortar la llave de ingresos de extranjeros irregulares desde Bolivia por la zona de Colchane y por la región de Antofagasta, porque cada extranjero que entra de manera irregular -y que probablemente podría ser expulsado- tiene un costo de $2.700.000. Ejecutar las 20 mil expulsiones costaría el orden de los 56 mil millones de pesos, mucho más que todo el presupuesto que está asignado en la partida extraordinaria de seguridad de este año”, afirmó el parlamentario, quien preside la Comisión Investigadora sobre Nueva Criminalidad en la Macrozona Norte.
Y agregó: “Lo que corresponde es que la Cancillería se active y finalmente cierre con Bolivia un acuerdo para la reconducción de todas las personas que vienen de Venezuela, que ingresan desde Bolivia a Chile, para que puedan ser devueltas al país altiplánico, porque ocurre que Venezuela dictó una norma que impide la devolución mediante vuelos charter de venezolanos a ese país, lo que hace que se tengan que devolver una a una a las personas, y ese costo de pasajes es impagable para Chile. Esto es francamente un abuso de Venezuela con nuestro país”.
Respecto a las declaraciones de la Ministra Tohá en la Comisión Investigadora, el parlamentario entiende que las expulsiones no son un asunto de recursos. “El problema está en que no se puede notificar a los extranjeros, porque este es un procedimiento administrativo”, manifestó.
Ante eso, destacó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que permite la notificación por correo electrónico para ejecutar expulsiones de manera más efectiva.
Sobre los altos costos que conlleva un proceso de expulsión, el diputado por Antofagasta señaló que “hay que fijar un punto muy relevante, no porque esto sea caro, alguien va a plantear que se debe hacer un blanqueo o un perdonazo, o dejar sin efecto estas órdenes de expulsión. Nuestro país debe controlar este fenómeno migratorio, y para eso debemos actuar con firmeza, claridad y ejecutar estas órdenes de expulsión de todas aquellas personas que no han podido regularizar su situación en Chile”.