Ministros y equipo de asesores del Primer Tribunal Ambiental analizaron las competencias ambientales de los Municipios

El rol de las municipalidades en materia medioambiental y en el acceso a la justicia ambiental fue el tema que expuso el jefe de la División Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic, en una nueva charla magistral organizada por el Primer Tribunal Ambiental.

En la actividad dirigida al equipo de ministros y asesores del órgano colegiado, el abogado analizó las facultades en materia ambiental de los municipios y cómo esas competencias se han interpretado desde la Contraloría, a través de los dictámenes dictados y el contexto normativo considerado por el órgano contralor.

Entre los puntos más analizados estuvo la legitimación activa de las municipalidades para poder ejercer los reclamos del artículo 17 N° 6 y N°8 de la Ley 20.600 que dicen relación con la posibilidad de que tiene cualquier persona natural o jurídica de reclamar en contra de las determinaciones del Comité de Ministros o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, y las reclamaciones de quien hubiese solicitado la invalidación administrativa o el directamente afectado por la resolución que resuelve el procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental.

Lo anterior, para Mirosevic, junto al Recurso de Protección son dos aspectos que “se van a ir zanjando con el tiempo”, ya que para el jefe de la División Jurídica de la Contraloría, “el problema que tiene la ley es que no consideró a los vecinos y a la Municipalidad como titular de una acción para reclamar contra las RCA (Resolución de Calificación Ambiental) favorable. Los reclamos de la RCA son para el titular del proyecto”, enfatizó y luego planteó la interrogante, respecto a qué pasa con los vecinos y dijo: “el vecino puede reclamar cuando formule observaciones y desde mi punto de vista ese vecino queda en la indefensión. Por eso mientras el vecino no tenga una acción específica va a seguir el Recurso de Protección”, aseguró.

También, se discutió el principio de probidad de los municipios en relación a los aportes que entregan empresas mineras y, se ahondó en el último dictamen al respecto, el que si bien mantuvo el criterio general de la Contraloría en relación a que las Municipalidades que no pueden recibir donaciones, hizo una salvedad al establecer que “se pueden recibir recursos cuando en el marco de una evaluación ambiental se establezca en la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) una obligación de la empresa minera, como medida de compensación o mitigación, financiar un proyecto con beneficios ambientales”, acotó Mirosevic.

El jefe de la División argumentó la decisión y dijo que “no es razonable que esa donación que recibe el Municipio, lo gaste en lo que quiere, porque puede ser ocupado en una campaña política. Hemos abierto la puerta, pero en un ambiente controlado que es la evaluación ambiental”, expresó.

Finalmente, se conversó del rol de los municipios y las demandas ciudadanas. “Hoy hay una ciudadanía que cada día demanda más de los servicios y que muchas veces no entiende que hay que actuar a través del derecho”, acotó Mirosevic.

Respecto a esto último, el ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, resaltó el trabajo que está realizando el tribunal para fortalecer el acceso a la justicia ambiental y que ha permitido capacitar a más de 150 profesionales de diversos municipios del norte del país.

“Sabemos que hay una brecha de conocimiento respecto del rol de los tribunales ambientales y la institucionalidad ambiental y por eso para nosotros es fundamental que los ciudadanos tengan el espacio y conozcan cuáles son los canales institucionales para dar a conocer sus preocupaciones ciudadanas en materia ambiental”, afirmó el ministro Oviedo.