Rechazan protocolo que establecía normas para el retorno seguro de niños a sala cunas y jardines
Dos iniciativas de ley relacionadas al ámbito de la educación parvularia fueron abordadas hoy en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo rechazada la que establecía normas para un retorno seguro de niños a establecimientos como salas cuna y jardines infantiles.
El texto ratificado y devuelto a la Comisión de Educación para un segundo informe establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia (boletín 12436), propuesta que considera recursos por más de 125 mil millones de pesos al momento de entrar en régimen.
Sus lineamientos plantean la entrega de una subvención basal y la creación de subvenciones complementarias de vulnerabilidad y de apoyo a las necesidades especiales en educación parvularia, así como la entrega de un aporte adicional en el caso de establecimientos rurales.
Para obtener el beneficio se exigen variados requisitos, entre ellos, un reconocimiento oficial del Estado y que la entidad sostenedora esté organizada como persona jurídica sin fines de lucro. Además, el texto establece los procedimientos y la forma de operatividad del sistema; y la identificación de conceptos como, por ejemplo, qué se entiende por unidad de subvención escolar, entre otros puntos.
En el debate, tal como ocurrió en la primera jornada de análisis de este proyecto, el oficialismo se manifestó a favor de la propuesta, en el entendido que es una mejora al aumentar sustancialmente los recursos y equilibrar la situación entre los jardines de la Junji, de Integra y los llamado VTF (vía transferencia de fondos), particularmente de estos últimos, a los cuales se les casi doblaría el aporte.
En la otra vereda, se estimó que tratar de aplicar un sistema de subvenciones y querer favorecer la educación privada por sobre la pública es ideológico y se remarcó que la propuesta fue rechazada por los especialistas en el tema, así como por los gremios de las y los trabajadores de la Junji, Integra y jardines VTF.
Adicionalmente, se refutó que el sistema planteara aportes sobre la base de la asistencia y no por matrícula, recordando que la pandemia puso en evidencia la problemática que ello implica, más cuando se deben sustentar gastos fijos con recursos variables.
El segundo proyecto buscaba establecer normas para el retorno seguro de los estudiantes a los establecimientos de educación parvularia.
La votación de su idea de legislar fue de 67 votos a favor, 53 en contra y 16 abstenciones, hecho que gatilló su rechazo dado que los votos favorables no superaron la suma de los contrarios y las abstenciones. Por efecto de ello, el texto pasó a archivo.
De acuerdo al informe de la Comisión de Educación que rindió el diputado Rodrigo González, la iniciativa establecía que, conforme lo permitieran los planes de desconfinamiento aplicados en cada región y comuna del país, las salas cunas, jardines infantiles y cursos de transición de niños y niñas entre tres meses y seis años, podían iniciar las clases presenciales a partir del año 2021.
Lo anterior se podía verificar solo si la autoridad sanitaria constataba que existían las condiciones de salubridad necesarias para evitar el riesgo de contagio de Covid-19 para la comunidad educativa y así fuera concordado en un plan de retorno entre cada establecimiento y las autoridades educacionales correspondientes.
Además, la situación se condicionaba a que, previamente, retornaran a clases presenciales los estudiantes de la educación básica, media y superior de la misma comuna donde se encontrara el establecimiento de educación inicial y se dejaba abierta la opción para que la autoridad pudiera suspender las actividades presenciales si se constataba riesgo de contagio.
El proyecto también fijaba los lineamientos del plan de retorno que debía elaborar el sostenedor, en donde se promovían criterios diferenciados y tomando en cuenta situaciones como el diagnóstico sanitario y de gestión educacional; y se normaban las bases del plan de seguridad sanitaria que se debía mantener, donde se debían aplicar medidas para la entrada y salida, resguardos al interior del establecimiento y la implementación de protocolos, entre otros puntos.
Por último, se estipulaba que aquellos establecimientos que, con acuerdo de sus comunidades escolares, hubiesen reiniciado sus actividades durante 2020, en ambientes seguros, podían continuar desarrollándolas hasta concluir el año escolar. Asimismo, los que consideraban que reunían las condiciones sanitarias para su regreso a clases en 2020, podían solicitarlo al Ministerio de Salud o en las seremis respectivas y al Ministerio de Educación, de acuerdo a las disposiciones de esta ley.
En el debate, tanto el ministro de Educación, Raúl Figueroa, como el oficialismo, se manifestaron en contra de la propuesta que calificaron de centralista, al no considerar las distintas realidades del país, donde hay establecimientos que tienen la opción de volver a funcionar y donde hay padres que solicitan que sus hijos e hijas puedan retornar a actividades presenciales.
En dicho marco, anunciaron reserva de constitucionalidad por vulnerar el derecho de los padres a elegir, por limitar el derecho a la educación y por fijar normas de iniciativa del Gobierno.
La oposición refutó tales argumentos y sostuvo que se buscaba privilegiar la salud y la vida de los infantes, así como de profesores y familiares; promover la efectiva participación de la comunidad educativa en la decisión del retorno a actividades presenciales; y favorecer la preparación de los establecimientos para que, en 2021, puedan enfrentar el tema en las condiciones adecuadas.
